Las administraciones y la red social X · Sergi Marcén

Una de las preguntas que me he realizado desde que el magnate Elon Musk compró la red social X, y empezó una política de todo vale en la red, es si X ha de pertenecer a la esfera pública digital.

La red Twitter, ahora X, era una plataforma altamente relevante para el sistema político porque, por un lado, permitía una elevada viralidad de los contenidos publicados y, por otro lado, facultaba para comunicar de forma directa, y sin intermediación periodística, al sistema político y a la ciudadanía. (Moya-Sanchez y Herrera Damas, 2015). Esta afirmación realizada en 2015, y donde se tenía la creencia de que el algoritmo que utiliza X era neutro, hoy en día ya no es correcta.

Todos hemos visto cómo, indistintamente del mensaje que se emita, el algoritmo hace llegar al destinatario el mensaje que la plataforma desee hacer llegar. Muchas veces el mensaje recibido es el de terceras personas que, a su manera, muchas veces desde un punto manipulador, opinan o informan sobre un hecho, hasta tal punto que se generan realidades virtuales que son completamente falsas.

Lo hemos visto durante estos días, en el desastre natural que han padecido en Valencia. Innumerables videos y posts informando, sin ningún tipo de fuente fidedigna, de la muerte de centenares, incluso miles de personas, debidas a las inundaciones, creando una opinión de caos, miedo y ansiedad mucho más grande del que ya existía. Todo ello, al mismo tiempo que se potenciaba la imagen pública de personas extremistas, sin ningún tipo de conocimiento y experiencia en situaciones similares, posicionándose como verdaderos informadores de esa realidad virtual.

También hemos podido observar cómo la interacción directa entre las instituciones y ciudadanía, que convirtieron a las administraciones públicas no solo en depositarias de la información sino también en emisores de esta —es decir, que desempeñaban una labor tradicionalmente reservada a los medios de comunicación en masas (Pont-Sorribes y Soau-Gomila, 2019)— ha desaparecido o se ha visto altamente diluida, debido a que la red X las ha relegado a simples posts que no acaban llegando al ciudadano, ya que el algoritmo prioriza noticias inciertas o falsas, las cuales en ningún caso son contrastadas como reales por X.

La idea de que la “red X” no debería ser utilizada por las administraciones públicas se basa en varios argumentos relacionados con los riesgos que conlleva el uso de plataformas privadas para la comunicación oficial.

X, al ser una plataforma privada, está bajo el control de una empresa privada. Esto significa que las políticas, la moderación de contenido y la capacidad de censura están en manos de una entidad no gubernamental, lo que influye en la forma en que se comunican los mensajes oficiales. Las administraciones públicas han perdido la autonomía en la gestión de la comunicación, dependiendo de las reglas de la plataforma y los intereses de la empresa propietaria.

La plataforma X es susceptible de ser utilizada para la manipulación de la información, la propagación de desinformación o la polarización de los debates públicos. En manos de actores privados, como es el caso de X, la moderación puede no ser transparente ni coherente, lo que acaba comportando la desinformación de la ciudadanía o en la exclusión de puntos de vista esenciales, que a su vez afecta la confianza en las instituciones públicas.

Asimismo, el uso de plataformas privadas genera preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la protección de la información sensible. Las administraciones públicas gestionan grandes volúmenes de información que podrían ser vulnerables si no se maneja correctamente en plataformas que no están necesariamente diseñadas para cumplir con los estándares estrictos de protección de datos del sector público. La legislación como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea exige que las instituciones públicas sean extremadamente cuidadosas con cómo gestionan la información de los ciudadanos.

Las administraciones públicas tienen la obligación de ser transparentes y rendir cuentas de sus acciones. En plataformas privadas como X, la transparencia sobre cómo se toman las decisiones relacionadas con la moderación de contenido, el tratamiento de los datos y la publicidad no siempre está garantizada. Esto dificulta la supervisión pública y la rendición de cuentas por parte de los ciudadanos.

Si las administraciones públicas dependen de plataformas extranjeras, en este caso norteamericana, para la comunicación oficial, están expuestas a cambios en las políticas de esas plataformas que escapan al control nacional. La influencia de actores fuera del país podría ser problemática, especialmente si estos cambios afectan la forma en que se lleva a cabo la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos o si entran en conflicto con los intereses nacionales o la soberanía digital.

Al ser una plataforma privada, la plataforma X utiliza algoritmos para determinar qué contenido es visible para los usuarios, y estos algoritmos pueden estar diseñados para maximizar la participación y las ganancias de la plataforma, no necesariamente para garantizar un debate público justo o equilibrado o bien utilizarse para ayudar a la gestión de una emergencia. El uso de estos algoritmos puede potenciar el sensacionalismo, los mensajes polarizadores y los contenidos que generan más interacción, lo que no siempre es adecuado para la comunicación pública y oficial.

X ha experimentado cambios significativos en sus políticas y en su estructura, especialmente desde la adquisición de la plataforma por parte de Elon Musk. Estos cambios han afectado la forma en que las administraciones públicas usan la red para comunicar mensajes, por ejemplo, modificando las reglas de moderación, introduciendo nuevas funcionalidades o alterando la forma en que los usuarios interactúan con la plataforma. Esta inestabilidad no es ideal para instituciones que necesitan un canal neutro, fiable y predecible de comunicación.

En resumen, si bien X y otras redes sociales pueden ser herramientas útiles para la comunicación, su uso por parte de las administraciones públicas debe ser evaluado cuidadosamente, considerando los riesgos asociados con el control privado de la plataforma, la protección de datos y la posible manipulación de la información.

Sergi Marcén