El Gobierno aprueba una ley que obliga a identificar el contenido generado con IAEl Gobierno español ha aprobado una ley que obliga a identificar claramente cualquier contenido generado o manipulado mediante inteligencia artificial (IA), incluyendo imágenes, audios y vídeos, con el objetivo de garantizar la transparencia y proteger los derechos digitales de los ciudadanos.
En la reunión del Consejo de Ministros del 11 de marzo de 2025, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presentó el anteproyecto de ley de gobernanza de la IA. Esta normativa adapta la legislación nacional al Reglamento europeo de inteligencia artificial y busca proteger los derechos digitales frente a usos negativos de la IA, identificando prácticas prohibidas y sistemas de alto riesgo.
La ley establece que no etiquetar e identificar correctamente cualquier contenido generado o manipulado con IA será considerado una infracción grave. Las sanciones por incumplimiento oscilarán entre 7,5 y 35 millones de euros, o entre el 2% y el 7% del volumen de negocio mundial del ejercicio anterior, aplicándose la cifra superior. Para las pymes, podrá ser la menor de las dos cuantías.
Entre las prácticas prohibidas se incluyen:
- El uso de técnicas subliminales (imágenes o sonidos imperceptibles) para manipular decisiones sin consentimiento, causando perjuicios considerables, como adicciones o violencia de género.
- La explotación de vulnerabilidades relacionadas con la edad, discapacidad o situación socioeconómica para alterar comportamientos de manera perjudicial.
- La clasificación biométrica de personas por raza u orientación política, religiosa o sexual.
- La puntuación de individuos o grupos basándose en comportamientos sociales o rasgos personales como método de selección para denegarles la concesión de subvenciones o préstamos.
- Valorar el riesgo de que una persona cometa un delito basándose en datos personales, con excepciones legales.
- Inferir emociones en centros de trabajo o educativos como método de evaluación para promoción o despido laboral, salvo por razones médicas o de seguridad.
Las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la normativa serán:
- Agencia Española de Protección de Datos: para sistemas biométricos y gestión de fronteras.
- Consejo General del Poder Judicial: para sistemas de IA en el ámbito de la justicia.
- Junta Electoral Central: para sistemas de IA que afecten a procesos democráticos.
- Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA): en el resto de los casos.
Los sistemas de IA de alto riesgo, que incluyen aquellos utilizados en sectores como la salud, educación, empleo, servicios esenciales y administración de justicia, deberán cumplir una serie de obligaciones. En caso de incumplimiento, las infracciones muy graves se sancionarán con multas de entre 7,5 y 15 millones de euros o hasta el 2% y el 3% del volumen de negocio mundial del ejercicio anterior. Las infracciones graves tendrán multas de entre 500.000 euros y 7,5 millones de euros o entre el 1% y el 2% del volumen de negocio mundial.
La ministra portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, destacó que este anteproyecto de ley es «un texto pionero, no solamente desde el punto de vista nacional, sino también desde el punto de vista internacional». Además, subrayó la importancia de proteger a los consumidores en un entorno digital en constante evolución.
La aprobación de esta ley refleja el compromiso del Gobierno español con la regulación ética de la inteligencia artificial, alineándose con las directrices europeas y buscando un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
«¿Cómo equilibrará esta nueva ley la promoción de la innovación en inteligencia artificial con la protección de los derechos digitales de los ciudadanos?»
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Este es un resumen comentado, basado en el artículo: «El Gobierno aprueba una ley que obliga a identificar el contenido generado con IA» de Europa Press publicado en El Confidencial el 11 de marzo de 2025.
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