En una respuesta parlamentaria, el Gobierno elude referirse a las posibles discriminaciones algorítmicas que ocasionará este nuevo proceso.
El procedimiento está amparado por el nuevo Sistema de Entradas/Salidas (EES, por sus siglas en inglés) de Schengen, que entrará en vigor en mayo de 2023.
El Gobierno ha aclarado que el nuevo sistema de entradas y salidas del espacio Schengen que se impulsa desde Bruselas entrará en vigor en mayo de 2023, con lo que a partir de esa fecha los controles fronterizos con España hacia fuera de la Unión Europea incluirán, entre otras novedades, un sistema de reconocimiento facial.
Los sistemas de reconocimiento facial son modelos de inteligencia artificial con biometría que pueden provocar discriminaciones algorítmicas, en tanto que estos sistemas han dado muchos falsos positivos, sobre todo con personas de etnias no caucásicas.
Sobre esto, el Ejecutivo ha aclarado que el modelo será auditado con los mecanismos que ya contempla el Reglamento europeo 2017/2226, que estipula la puesta en funcionamiento de este «sistema informático automatizado para el registro de las entradas y salidas de los viajeros de terceros países en las fronteras exteriores».
Lo ha hecho a través de una respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por los diputados Ismael Cortés y Enrique Santiago, de Unidas Podemos. El Gobierno detalla, en su escrito, que este sistema debe implementarse «en todas las fronteras exteriores de España», «44 aeropuertos, 33 puertos y 4 fronteras terrestres», entre ellas los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.
La entrada en funcionamiento de este nuevo sistema ya puso en alerta a decenas de organizaciones y colectivos sociales, que a principios de este año exigieron derogar el uso del reconocimiento facial y limitar el uso de la IA en fronteras ante la posibilidad de que se lesionen «derechos fundamentales», como expresaron en un manifiesto conjunto.
De hecho, el mismo grupo confederal presentó una proposición no de ley (PNL) en el Congreso con la que se instaba al Gobierno a evitar desplegar tecnologías que generen «sesgos discriminatorios en base a criterios de raza, etnia, género, religión o nacionalidad» o que entrañen «un riesgo para el ejercicio de las libertades civiles y políticas reconocidas»….
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