La polémica estallaba este miércoles. Mientras en España se debatía sobre la situación epidemiológica o la polémica sobre el consumo de carne, en el Parlamento Europeo se aprobaba un nuevo reglamento, en principio temporal, con una amplia mayoría de votos a favor: 537 diputados a favor, 133 en contra y 20 abstenciones. ¿El problema? Que los que se posicionaron en contra decidieron dar la voz de alarma por algo que, según ellos, esconde esta nueva legislación: la vigilancia masiva de nuestras comunicaciones de forma automatizada, incluso de todo lo que mandemos por correos privados o aplicaciones encriptadas, como WhatsApp o Signal. Prácticamente una intervención total de nuestras comunicaciones, pero, ¿de verdad se ha aprobado algo así?

La normativa, que ha sido apodada ‘Chatcontrol’, se basa en una nueva excepción colocada sobre la Directiva 2002/58/CE (también conocida como e-Privacy y que determina la protección de las comunicaciones de servicios no numerados) con la idea de luchar contra la pornografía infantil y los abusos sexuales a menores online. Así, bajo esa premisa, la nueva legislación permite a los proveedores de servicios de mensajería, sus dueños, controlar y vigilar lo que se mueve en su interior con el objetivo de poder avisar a las entidades policiales de los países de actividades sospechosas. Eso es lo que marca el texto aprobado, pero ni ese énfasis en la excepción ha calmado a muchos activistas por la privacidad que creen que el uso de este problema no es más que un ‘caballo de Troya’ para legitimar la vigilancia masiva y automatizada de todo tipo de aplicaciones. Una opinión que ha generado mucho debate, pero cuyo alarmismo choca con la opinión de expertos y abogados.

Frente a la opinión de grupos como el Partido Pirata, comandados por su representante Patrick Breyer, abogados y expertos en privacidad españoles preguntados por este periódico, optan por una versión mucho más moderada de lo que está ocurriendo. Piden no bajar la guardia en cuanto a estas normativas, pues no es la primera vez que se instaura algo así y que se juega al borde de la intervención de comunicaciones, pero ni es algo nuevo, ni va a romper con la protección de todos estos servicios. Hay puntos clave como que, al menos de momento, será voluntario ejercer esta vigilancia automatizada por parte de los proveedores o la insistencia en que se trata de un caso excepcional y temporal. Además, añaden un punto clave: lo que acaba de aprobar la UE da cobertura legal a algo que llevan haciendo años la mayoría de proveedores.

¿Es suficiente con esto para evitar la preocupación? No, pues no es la primera excepción que se añade en los últimos años ni la primera medida que roza los límites del reglamento, pero tampoco se está abriendo, en su opinión, una puerta para que la policía pueda espiar todas tus comunicaciones sin más con esta medida. «Es un caso excepcional, y como tal hay que tratarlo, no se puede obviar aunque creas que puede ser una forma de abrir una puerta para todo lo demás», comenta el abogado experto en privacidad y derecho digital, Carlos Sánchez-Almeida…

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