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El Gobierno refuerza la liquidez de autónomos y empresas con10.000 millones de euros

  • Se modifica el Código de Buenas Prácticas -marco de renegociación para clientes con financiación avalada con las líneas COVID-, para aliviar la carga financiera de las empresas más afectadas por el alza de los precios energéticos.  
  • Será posible solicitar una extensión en el vencimiento de las operaciones avaladas con las líneas COVID aunque la facturación del deudor en 2020 no se hubiera reducido un 30% respecto a la de 2019. 
  • Las pymes y autónomos de los sectores de transporte por carretera, agricultura, ganadería y pesca a quienes se haya concedido una extensión en el vencimiento de sus operaciones podrán beneficiarse de una extensión adicional de seis meses de la carencia del préstamo. 
  • También se ha adoptado un Real-Decreto Ley para reforzar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas basadas en tecnología 5G, que se enmarca en el Plan Nacional de Respuesta a la guerra. 

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a la guerra en Ucrania, entre las que se incluyen medidas de apoyo al tejido económico y empresarial. Con este objetivo se ha acordado una nueva Línea de avales públicos por un total de 10.000 millones de euros, destinada a facilitar la concesión de financiación de empresas y autónomos y garantizar su liquidez.

Modificaciones en el Código de Buenas Prácticas 

El Consejo de Ministros ha acordado también modificar el Código de Buenas Prácticas, que constituye el marco de renegociación de las condiciones de la financiación de clientes con préstamos con avales públicos de las líneas COVID, para apoyar la liquidez  de las empresas  que se hayan visto especialmente afectadas por el incremento de los precios de la energía y las materias primas.

De esta forma los autónomos y empresas con financiación garantizada a través de las Líneas de avales ICO COVID podrán solicitar la extensión del plazo de vencimiento de esas operaciones, aunque su facturación no hubiera caído  un 30% o más en 2020 respecto a la que tuvieron en 2019. De esta manera se amplía el universo de deudores con derecho a una extensión del plazo de vencimiento de sus operaciones avaladas, permitiendo suavizar el perfil de pagos y aliviando su carga financiera.

Asimismo, los autónomos y pymes de los sectores de transporte por carretera, agricultura, ganadería y pesca, los más afectados por la subida de los costes energéticos y de materias primas, si hubieran solicitado y obtenido una extensión del plazo de vencimiento de sus operaciones de financiación avaladas, podrán solicitar la extensión adicional de seis meses de la carencia de las cuotas de amortización del principal de la operación. También podrán beneficiarse de esa carencia los deudores que, cumpliendo los requisitos para obtener una extensión del plazo de vencimiento de sus operaciones avaladas, no lo puedan obtener por haber alcanzado el límite de vencimiento total de ocho o diez años.

Las entidades adheridas de manera voluntaria al Código de Buenas Prácticas se comprometen a mantener los límites y las condiciones de las líneas de circulante a sus clientes hasta septiembre de 2022.El mantenimiento de esas líneas de circulante será hasta el 30 de junio de 2023 aquellos deudores que se beneficien de alguna de las medidas de renegociación recogidas en el propio Código de Buenas Prácticas.

Refuerzo de la ciberseguridad

El real decreto-ley adoptado hoy también incluye medidas en materia de ciberseguridad, como la posibilidad de ampliar los plazos de los procedimientos administrativos cuando los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de procedimientos se hayan visto gravemente afectados por un ciberincidente o la de exigir medidas adicionales de seguridad a los proveedores de servicios en la nube para las Administraciones Públicas.

En este ámbito y dentro del Plan Nacional de Respuesta, se contempla también la aprobación de un nuevo Plan de Ciberseguridad nacional, con un presupuesto de más de 1.000 millones y que recoge 140 actuaciones –con diferentes niveles de prioridad- para poder responder de manera adecuada al mayor riesgo en el contexto geopolítico actual.

También se incluye la aceleración de la constitución del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus organismos públicos para aumentar la capacidad de vigilancia y detección de amenazas en la operativa diaria de sus sistemas de información y comunicaciones.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado otro real decreto ley, al que está asociada la denominada “Ley de Ciberseguridad 5G” que permitirá garantizar la máxima protección de las redes y servicios 5G frente a ataques o incidentes de seguridad.

La aprobación de la  ‘Ley de Ciberseguridad 5G”, prevista en el Plan de Recuperación y cuya necesidad se ha visto acrecentada por el incremento considerable del riesgo de ciberataques por motivos geoestratégicos, tiene como objetivos principales: impulsar una seguridad integral del ecosistema 5G; promover un mercado de suministradores de redes y servicios 5G suficientemente diversificado; reforzar la seguridad en la instalación y operación de las redes de comunicaciones electrónicas 5G, así como la protección de la seguridad nacional; y fortalecer la industria nacional en materia de ciberseguridad relacionada con la tecnología 5G. Asimismo, con este texto normativo, se garantiza la entrada en vigor con celeridad de aquellas medidas que permiten prohibir o limitar la actividad en el mercado de suministradores que hayan sido considerados de alto riesgo.

En la elaboración de este real decreto ley, se ha tenido en cuenta la “Caja de herramientas” de la Comisión Europea sobre la ciberseguridad de las redes 5G y el análisis de riesgos coordinado de los Estados miembros como base común para un desarrollo seguro de la tecnología 5G en Europa.

Se trata de desarrollar un entorno confiable para el despliegue de las redes y servicios 5G, que genere la confianza necesaria entre los usuarios respecto a su funcionamiento y protección ante potenciales fugas o manipulaciones de datos, y establecer las medidas con las que afrontar los riesgos de seguridad a los que están expuestos las nuevas redes y servicios 5G.