La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que el presupuesto de la próxima convocatoria para centros de excelencia Severo Ochoa y unidades María de Maeztu se va a incrementar un 12,5% frente a la del año anterior, hasta alcanzar los 60,75 millones de euros.
Morant ha afirmado que esta inversión fortalece la financiación basal de los centros de excelencia investigadora de nuestro país y supone un aumento del 50% respecto a 2017.
Estos centros de excelencia van a contar con un margen de hasta un 25% para los costes indirectos, pasando de los 4 millones a los 4,5 millones de euros en cuatro años para los centros acreditados como Severo Ochoa y de los 2 a los 2,25 millones de euros para las unidades Maria de Maeztu.
Además, por primera vez se concederán, al mismo tiempo que la acreditación, los contratos predoctorales asociados a cada centro y unidad, a lo que se destinarán 12 millones de euros adicionales.
La ministra ha remarcado que este Gobierno ha decidido rescatar a la ciencia de la precariedad histórica que ha sufrido en nuestro país. “La excelencia sin derechos no es más que otra forma de explotación y, como tal, seguiremos superándola con el ejercicio del Gobierno de España y con las fuerzas políticas que nos quieran acompañar”, ha afirmado.
Proyecto piloto para un nuevo sistema de financiación de grupos de investigación
Morant también ha destacado que el Ministerio de Ciencia e Innovación va a lanzar un proyecto piloto para un nuevo sistema de financiación a grupos de investigación, que estará dotado con 30 millones de euros de presupuesto nacional.
“Vamos a atender nuestro compromiso con la mejora del sistema de financiación basal, que supone un cambio de paradigma al pasar de una financiación solo a proyectos a una que también contemple aportaciones basales a los grupos de investigación en función de sus resultados”, ha dicho Morant.
La ministra también ha manifestado que, aprovechando la fórmula que ya está en marcha en los Planes Complementarios, se va a invitar a las CCAA no solo a tener voz y voto, sino a tener corresponsabilidad en la inversión, de manera que este proyecto piloto podría contar con una financiación de hasta 60 millones de euros en este primer año.
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