El trágico asesinato el pasado domingo de un niño de 11 años en la localidad toledana de Mocejón desencadenó en pocas horas un aluvión de bulos racistas que corrieron como la pólvora en redes sociales. La gravedad de las mentiras vertidas en las plataformas, en algunos casos a cargo de cuentas anónimas, pero en otros, firmadas por cargos de Vox o el eurodiputado Alvise Pérez, ha desempolvado un debate recurrente en el entorno digital: ¿cómo se puede controlar la difusión de este tipo de contenido tóxico? ¿Debería ser obligatorio identificarse para usar una red social?
