CHUS BLASCO / La gran mentira del rescate bancario español

Las finanzas de la codicia

La gran mentira podría resumirse así: Del “no costará un euro al contribuyente” a “el Banco de España da por perdidos 60.600 millones de euros del rescate al sector bancario”. El coste del rescate bancario ha pasado de puntillas por los titulares de los medios con motivo de la publicación del libro blanco del Banco de España: “Informe sobre crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014”). La cifra del coste no es una novedad, puesto que ya lo había anunciado el Tribunal de Cuentas a principios de este año, pero el nuevo informe vuelve a recordarnos que estamos a la espera de una valoración global de los hechos y de las consecuencias. Lamentablemente, su análisis no va mucho más allá de los costes incurridos. El diario Expansión publicó el pasado 19 de junio que, a pesar de que se habían generado expectativas sobre el contenido del informe del Banco de España, éste no realiza autocrítica alguna. El Banco de España se limita a reconocer que durante la generación de la burbuja y de los desequilibrios que acabaron hundiendo a las entidades, se dispuso de unos instrumentos regulatorios que resultaron claramente insuficientes.

Se necesita mucho cinismo para proclamar que el rescate bancario no iba a provocar costes para la sociedad, pero digerirlo es todavía más duro si no sirve para evitar que no vuelva a pasar. Los ciudadanos tenemos que admitir la realidad, así que podríamos aprender algunas lecciones de lo sucedido. No nos lo pone fácil el ministro de Economía (que ya lo era en el momento del rescate), que sigue proclamando que las medidas adoptadas fueron la mejor solución.

 

¿Qué representan 60.600 millones?

Es una cantidad tan elevada que a muchas personas puede hacérseles complicado entender de qué estamos hablando. Buenafuente lo simplificaba en pocos minutos de humor cuantificando el importe perdido en el equivalente a inversiones en infraestructuras durante diez años, el equivalente a gasto en sanidad de quince años, el equivalente a gasto en educación durante veinticinco años, o el equivalente a setenta y cinco años en cultura. Aunque no sea un cálculo nada fino, contarlo en clave de humor, sin duda sirve para comunicar, para que una noticia que tiene consecuencias para todos tenga un alcance mayor. Pero las consecuencias no tienen ninguna gracia. Las decisiones que provoca un agujero de tal dimensión son hacer menos inversiones (especialmente sangrante en Cataluña, donde ya llevábamos décadas de déficit en infraestructuras), limitar el gasto corriente en sanidad, educación, bienestar social… y paralelamente, aumentar la deuda. La fórmula infalible para promover la pobreza y la precariedad.

Cualquier persona que tenga nociones básicas de finanzas domésticas sabe que, como regla general, no debe gastar más del que ingresa, debe ahorrar para imprevistos una parte y no debería endeudarse nunca, a menos que tenga una razonable certeza de que podrá afrontar los pagos de la deuda en el futuro. Las finanzas personales más seguras son aquellas que no asumen ningún riesgo, o que arriesgan una pequeña parte de sus ahorros sin poner en peligro el resto. Esto es así para el ciudadano medio, y también para los autónomos y los propietarios de pequeños negocios. Pero las finanzas de la codicia tienen una lógica lamentablemente distinta.

 

Mala gestión con graves consecuencias

Ya han pasado cinco años del “no costará un euro al contribuyente”, pero los antecedentes del rescate bancario se remontan a los años anteriores a la crisis financiera del 2008. Aunque hablamos de rescate bancario, el origen se debe a la intervención de cajas de ahorro. Caja Castilla-La Mancha, Cajasur, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caixa Catalunya, Caja Madrid (ahora Bankia), entre otras, fueron mucho más allá de los límites que fundacionalmente tenían asignados. Tradicionalmente se habían dedicado al fomento del ahorro y tenían un ámbito de actuación fundamentalmente territorial. La eliminación de las restricciones legales a su actividad y el boom inmobiliario de los primeros años del siglo XXI, sembraron las condiciones idóneas que las llevaron a desaparecer.

En aquellos años de explosión económica (2001-2007), trabajaba como freelance dando soporte financiero a diversas empresas, y tuve la oportunidad de trabajar de cerca con la entonces Caja Madrid y posterior Bankia. Pude comprobar cómo los procesos de aprobación de riesgos eran, en aquel entonces, los de una Caja de Ahorros tradicional que se había apuntado a crecer rápido, y no precisamente dando préstamos a empresas. Ante mi incredulidad, el proceso operativo de Caja Madrid tenía dificultades para evaluar de forma ágil un plan de viabilidad de una empresa. Costaba mucho más de lo razonable que fueran un interlocutor válido para solicitar financiación en proyectos empresariales de crecimiento. En cambio, la misma entidad concedía sin problema créditos hipotecarios a las empresas promotoras de viviendas. Aquellos años ya habían desaparecido todos los criterios de prudencia con los que había funcionado históricamente el sector financiero, especialmente las cajas de ahorro. La vivienda en construcción se financiaba hasta en un 120% de su coste, porque parece ser que nadie en el sector contempló que en algún momento los precios de los activos financiados pudieran dejar de aumentar. Nadie de los que teóricamente más sabían de gestión y de finanzas. Hasta que la burbuja explotó.

El coste de asumir la pérdida de aquellos préstamos otorgados por aquellas entidades financieras que habían olvidado cualquier criterio básico de prudencia ha sido de 60.600 millones de euros, de momento. La única receta ofrecida por el gobierno es seguir aumentando la deuda mientras se reduce el estado del bienestar, que ya es insostenible. Las instituciones diseñadas para controlar los riesgos no funcionaron. La semana pasada os contaba que “cuando la incerteza es máxima, la única respuesta es liderar”. Cuando las instituciones ya han demostrado que no nos pueden garantizar la seguridad que esperábamos, podemos y debemos quejarnos. Pero, sobre todo, deberíamos estar dispuestos a asumir una mayor responsabilidad en las decisiones que afectan a nuestra economía y a nuestra sociedad.

 

 

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