Pável Dúrov, fundador de Telegram, fue finalmente imputado formalmente este miércoles por la justicia francesa. Los varios cargos van del blanqueamiento de crímenes a complicidad en la difusión de imágenes pedófilas y todos se basan no haber controlado presuntas actividades delictivas que ocurrían en la plataforma y no haber colaborado con las autoridades.
El lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 asombró al mundo por lo bien que escribía en cualquier lengua. Ese éxito ocultó que un modelo que sabe responder cualquier pregunta esconde más valores detás de esa gramática o sintaxis correcta. Con el paso del tiempo aparecen cada vez más trabajos que destacan la importancia de entrenar modelos con lenguas y valores distintos: “Necesitamos la infraestructura técnica para alentar el entrenamiento de modelos de IA con datos culturales franceses y europeos”, dice un informe del gobierno francés de marzo, que insiste en que sin IA propia, Europa se arriesga “a perder control del futuro”.
“Cuando cumplí 11 años en 1995, me hice la promesa de ser cada día más inteligente, más fuerte y más libre. Hoy Telegram cumple 11 años y está listo para hacer esa misma promesa”. Este es el último mensaje del emprendedor Pável Dúrov (San Petersburgo, 39 años). Lo publicó el pasado 14 de agosto en su canal de Telegram, empresa que fundó junto a su hermano Nikolai en 2013. Irónicamente, esa búsqueda incesante de libertad por encima de todo le ha llevado a la cárcel, de momento solo como acusado.
“Hoy quiero pediros ayuda para Zidan, un joven palestino que se ha quedado huérfano y está allí solo, desnutrido y enfermo”, escribía en abril Rocío Cano, creadora de la campaña para Zidan en GoFundMe, una plataforma de microdonativos caritativos centrada en historias individuales. A mediados de agosto, tras ingresar más de 20.591 euros de 722 personas y ser sometida a docenas de mensajes de descrédito, Cano cerraba el proyecto.
El trágico asesinato el pasado domingo de un niño de 11 años en la localidad toledana de Mocejón desencadenó en pocas horas un aluvión de bulos racistas que corrieron como la pólvora en redes sociales. La gravedad de las mentiras vertidas en las plataformas, en algunos casos a cargo de cuentas anónimas, pero en otros, firmadas por cargos de Vox o el eurodiputado Alvise Pérez, ha desempolvado un debate recurrente en el entorno digital: ¿cómo se puede controlar la difusión de este tipo de contenido tóxico? ¿Debería ser obligatorio identificarse para usar una red social?
